Con el fin de impulsar acciones orientadas a perfeccionar las prácticas de los operadores de la judicatura frente a delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, el Poder Judicial firmó convenio de colaboración con la Fundación Amparo y Justicia. Con la presencia del Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y representantes de la Fundación, se firmó el acuerdo para que profesionales participen en el Diplomado “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial” que desde hace cinco años imparte la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile junto a Amparo y Justicia. Este programa académico constituye una oportunidad de especialización para los profesionales ligados al Sistema de Justicia, a la luz de las inminentes reformas a las políticas de niñez y adolescencia y a los cambios en los procesos investigativos de este tipo de delitos, como la Ley de Entrevistas Videograbadas recientemente promulgada y próxima a ser implementada. “Este convenio es una acción muy importante. El Poder Judicial cuenta con jueces muy preparados, pero siempre es necesario la capacitación y perfeccionamiento permanente. En este sentido la Fundación Amparo y Justicia y el Poder Judicial unen sus capacidades en un proyecto virtuoso en directo beneficio de un grupo tan importante de la sociedad como son los niños y niñas”, precisó el Presidente de la Corte Suprema. Por su parte, Paulina Leiva, Gerente General de Fundación Amparo y Justicia, señaló que “el objetivo de este Diplomado es aportar herramientas para una compresión del fenómeno de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en el contexto del ordenamiento jurídico nacional y del derecho internacional. Es por eso, que el cuerpo académico cuenta con profesionales chilenos y extranjeros con vasta trayectoria en la fenomenología de delitos sexuales”. La participación del Poder Judicial se enfoca a Ministros de Corte, Relatores, Jueces de Tribunales con competencia en materias penales y de familia, Consejeros Técnicos y otros funcionarios de dichas judicaturas que participan activamente en los procesos judiciales. Este programa está dirigido a todos los operadores del sistema judicial, contemplando funcionarios pertenecientes tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Defensoría Penal Pública, Servicio Médico Legal, Corporación de Asistencia Judicial y Servicio Nacional de Menores, entre otras entidades. Incluidos además a quienes se desempeñan en el ámbito privado.
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